Retrocesos en la Secretaría de Salud Federal, por Francisco Javier Posadas

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“Las instituciones pasan por tres períodos: el del servicio, el de los privilegios y el del abuso”.

René de Chateaubriand

El 19 de agosto del año 2020, se publicó en el diario oficial de la federación (DOF), un acuerdo firmado por el secretario de salud federal, en el que se plasman cambios en la estructura orgánica de la dependencia a su cargo.

Un documento que violenta la Ley General de Salud y su reglamento, asi como el reglamento interno de la Secretaria de Salud. El documento, emite una serie de cambios absurdos que deberían ser analizados por las instancias normativas, en este caso, la Secretaria de la Función Pública y contraloría interna y podría llegar hasta el H. Congreso de la Unión, quien debería pedir una explicación de los cambios, a través de la comisión de salud. Esto, considerando que el Congreso debe ser un contrapeso del ejecutivo, si estamos hablando de acabar con  la corrupción, el presidencialismo y se espera una separación de poderes que abone a un proceso democrático.

El acuerdo, asigna a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para que dependa en el organigrama de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, además, se le reasignan en total 13 dependencias. Dos comisiones, cinco Centros Nacionales, tres Direcciones Generales, dos Secretariados Técnicos y un Servicio de Atención Psiquiátrica. Mezclando áreas normativas, con áreas reguladoras, programas nacionales y servicios. La otra Subsecretaria, de Integración y Desarrollo del Sector Salud,  pasa a ser un apéndice del secretario de salud.

Todo esto, representa un retroceso y violenta las normas institucionales, que hay que decirlo, tampoco son un dechado de virtudes en cuanto a orden, integración y eficiencia administrativa. Sin embargo, existía una estructura que atendía las necesidades nacionales y que requería un reordenamiento y modernización, con el fin de hacer más eficiente el sistema de salud, en particular en materia de rectoría, rendición de cuentas e implementación de políticas públicas de salud. Sin soslayar la urgente necesidad de integrar unidades, reducir burocracia y clarificar responsabilidades. Como ejemplo, un solo indicador nacional, la trasmisión perinatal de VIH, es responsabilidad de tres centros nacionales, o de ninguno en el peor de los casos, lo que genera décadas perdidas, en pugnas internas dentro de la propia subsecretaria, por impactos comprometidos con la OMS y no ser alcanzados.

La subsecretaria Asa Cristina Laurell, que renunció recientemente, publicó un artículo en Milenio, donde confirma las aseveraciones y  enfatiza que no puede depender una estructura como la COFEPRIS, de una subsecretaria, ya que ambos titulares son nombrados por el presidente de la república y su ubicación en la estructura orgánica, les otorga un nivel jerárquico equiparable.

Por otra parte, la COFEPRIS, es un ente regulador con capacidad de sancionar, al depender de la subsecretaria, se convierte en juez y parte de la regulación sanitaria. Una situación inaceptable en la administración pública federal, sin mencionar el vacío que existirá en las entidades federativas.

La evidencia muestra que la intención de fondo, es otorgar mayor poder político a la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS). La misma que maneja la pandemia por coronavirus y que actualmente, carga en su responsabilidad histórica, casi 60 mil defunciones y más de medio millón de contagios documentados. Con los cambios, en muy poco tiempo, tendrá injerencia directa en la autorización de permisos para la entrada de vacunas que detengan la pandemia de coronavirus. Es muy probable que se maneje con fines políticos y el control de entrada y salida de vacunas puede ser manipulada sin un ente regulador independiente, como podría ser la COFEPRIS.

Este cambio, se suma a la desaparición del seguro popular con un decreto y sin una planificación adecuada, lo que ha generado un vacío y una ausencia de estructura que permita tutelar el derecho a la salud en áreas muy sensibles, como el cáncer de la mujer y el cáncer de niños, ambos, convertidos en problemas sociales, lo que ha puesto en evidencia, la escasa capacidad administrativa y visión nacional que tiene la actual administración. El secretario de salud, puede ser un excelente medico clínico e investigador, pero en términos de administración pública,  ha mostrado ineptitud extrema y esto se extiende a todos sus asesores, en particular, el área jurídica que debería conocer las formas de emitir, redactar, gestionar y promulgar un acuerdo, un decreto y un cambio en la estructura orgánica de la secretaría, sin violentar leyes y reglamentos. La otra opción, es que estén abusando del poder por falta de contrapesos, ambas conductas son deplorables. Tendrán que rendir cuentas al concluir su gestión, es una certeza matemática, que dura seis años.

La deficiente administración de presupuestos y adquisiciones, abusos de autoridad y violentar las normas institucionales, no son los caminos más adecuados para un gobierno que pretende una trasformación de la vida pública de México. Hecho evidente en la parte más sensible del servicio público, como lo es, la salud.

Las instituciones de salud en México, son longevas, en el año 2020, cumplen puntualmente 77 primaveras. El 18 de octubre de 1943, nació la Secretaria de Salud Federal que atendía a población denominada en ese periodo, población abierta, posteriormente denominada sin seguridad social. El 1 de enero de 1944, entró en vigor la Ley del Seguro Social que atendía a población de trabajadores formales de las empresas y se abría por primera vez, un sistema de prestaciones y pensiones de carácter nacional. Y 15 años después, el 30 de diciembre de 1959, se publicó la ley que daría origen a la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Como se observa, el sistema de salud, nació fragmentado de origen, con un enfoque discriminatorio entre trabajadores formales, del estado y personas sin trabajo formal. Etapa de un régimen político que carecía de una visión de derechos humanos. Fue hasta 2011, que las garantías individuales pasaron a ser en la carta magna, derechos humanos universales.

La creación del sistema de salud, minimizó siempre la parte científica, de salud, seguridad social, salud pública y sobre todo integración y coordinación de políticas públicas. Lo que se reflejaba en la asignación de presupuestos, gestión y capacidad de respuesta. La inversión para la Secretaria de Salud, siempre había sido mezquina, limitada y sin un enfoque social. El origen de este proceso, fueron Congresos sometidos a un presidencialismo que regateaba de manera sistemática el crecimiento, desarrollo y capacidad científica de las instituciones y las supeditaban a intereses políticos.

Aun así, el trabajo y gestión de algunos Secretarios de Salud visionarios, preparados y con una perspectiva distinta de los intereses políticos, permitió la creación de un sistema de salud que ha dado respuesta a las necesidades nacionales con lo que le han proporcionado. En los albores del siglo XXI, la salud pasó de ser un servicio público, a ser un derecho humano, es decir, todos los ciudadanos tienen derecho a la salud, con independencia de su condición laboral, por lo menos en el papel.

En los hechos, el sistema es insuficiente en cuanto a cobertura, su fragmentación ha sido cuestionada históricamente y la calidad de servicios es heterogénea y deficiente. Aun así, se cuenta con  centros e instituciones de alto nivel académico, científico y tecnólogos y una red hospitalaria y de centros de atención primaria con presencia en todo el país. El análisis no puede omitir, con toda claridad, el centralismo y concentración de recursos que prevalece en la capital del país y que no se ha querido revertir.

El sector público, cuenta con 23 mil centros de atención ambulatoria y con mil 400 hospitales con  más de 90 mil camas censables, casi un millón de trabajadores, incluidos más de 310 mil enfermeras y cerca de 220 mil médicos.

El modelo mexicano, persiste en un enfoque curativo, que reacciona a demanda y que ha sido rebasado por epidemias sociales en las últimas décadas, como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. El modelo nacional está agotado desde hace varios años. Considerando los cambios demográficos, epidemiológicos y sociales, esto ha generado crisis recurrentes, en particular, financiamiento de pensiones, carencia de recursos humanos , ampliación de cobertura, calidad del servicio, mantenimiento y modernización de unidades y en 2020, se desnudó nuevamente el sistema, ante la crisis sanitaria de la pandemia por coronavirus.

La actual administración, recibió un sistema de salud con problemas  estructurales importantes. Pero también una estructura sólida en cuanto a redes de servicios y capacidad instalada. Aun con todas las unidades que se entregaron inconclusas, se esperaba una revisión integral y fortalecimiento del sistema y una reforma planificada para lograr un sistema de salud moderno, eficiente y acorde con el panorama epidemiológico y demográfico del país.

La planificación, permite universalizar los servicios, integrar la seguridad social y reordenar las estructuras federales y estatales, mejorar la calidad del servicio y condiciones laborales del personal de salud. Esto con el objetivo de acelerar impactos en indicadores específicos: morbilidad, mortalidad y esperanza de vida.

Lo que se observa hasta ahora, es una pésima administración de los recursos, reducción de presupuesto, manejo político de la pandemia. Las autoridades federales que manejan la Secretaria de Salud y los cambios tienen fines políticos, no resolver problemas estructurales históricos.

La transformación tiene como base, el conocmiento de las instituciones y su planificación con evidencias, asesoría de colegiados y considerar condiciones estructurales y presupuestales.                 Las acciones que se requieren y esperaban con un nuevo régimen, son hasta cierto punto simples y bien conocidas. Integrar todas las instituciones de seguridad social para homologar, alinear y ordenar los procesos y hacerlos más simples, agiles y menos onerosos. De la mano, integrar todas las instituciones que atienden población sin seguridad social y allanar el terreno para la reforma definitiva de universalizar el sistema de salud. La ruta crítica es compleja, lleva tiempo y requiere planificación cuidadosa.

El financiamiento, la calidad y la regulación de los servicios, son los tres pilares fundamentales de un sistema de salud moderno, que se aplique en las 32 entidades y permita fortalecer en todo el país, la atención primaria, hospitalaria, alta especialidad y programas nacionales de importancia epidemiológica.

Hoy más que nunca, la regulación sanitaria va de la mano con la salud. Los sectores industriales regulados por la COFEPRIS, producen poco más del 9.8% del Producto Interno Bruto y el 10.9% del Comercio Exterior. En áreas como alimentos y bebidas, insumos para la salud, servicios de salud, cosméticos, plaguicidas, nutrientes vegetales, emergencias naturales, salud laboral y riesgos ambientales. La COFEPRIS, regula 45 centavos de cada peso gastado por los hogares en México. Incluye alimentos, bebidas, medicamentos, cuidado personal y tabaco. (Fuente: COFEPRIS).

En un país que se ahoga en corrupción y obesidad, este órgano debería ser independiente, e incluso considerar la posibilidad de crear una dependencia o secretaria con facultades similares a la Food and Drug Administration (FDA) de los EEUU. Lo que facilitaría la coordinación y comunicación con nuestro principal socio comercial y homologar tecnología, normas, regulaciones y sanciones que faciliten y agilicen los procesos administrativos e inhiban la corrupción y alimentación chatarra.

Por desgracia, la visión del nuevo gobierno está muy lejos de la modernidad, el problema es que no perciben el mundo como lo que es, una aldea global, lo perciben como botín político, amenazado por quienes han catalogado: “como sus adversarios”. Y asi, no se puede actuar con visión de estado.

La modernización, genera círculos virtuosos, con una adecuada gestión y alianzas con la parte empresarial, facilita el combate a la corrupción al ser independiente. En México y EEUU urge una política conjunta en materia de alimentos para el ser humano. Ocupan primero y segundo lugar global, en sobrepeso y obesidad. Y esto requiere un giro radical en las políticas públicas que regulan alimentos. No todo es negocio, se requieren empresas socialmente responsables y esto solo se logra con dialogo, alianzas y regulación justa. Siempre prevenir, será mejor que curar; y siempre vale más un gramo de prevención, que un kilo de curación.

Es trágico, de la insensibilidad del pasado en materia de salud, se pasa a un abuso de las autoridades en turno. Actos como desaparecer el seguro popular y la COFEPRIS de un plumazo, sin una planificación adecuada, modificar la estructura orgánica de la secretaria de salud federal sin un sustento jurídico y visión de estado y dejar la pandemia a libre albedrío, son despropósitos y retrocesos históricos, los responsables, las autoridades federales. Estos hechos tienen y tendrán costos importantes para el país. Modernizar las instituciones y utilizar mascarilla, no es cuestión de modas o gustos, es cuestión de evidencia y conocimiento.

Llegará el momento de rendir cuentas y deberán prepararse para hacerlo. También es una certeza matemática, con duración exacta, un sexenio.