El apogeo del sistema, por Francisco Javier Posadas

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puntos de vista

“Las masas humanas más peligrosas, son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio”

Octavio Paz.

“La ignorancia de un votante en una democracia, pone en peligro la seguridad de todos”

JFK.

Después de 14 sexenios de políticas públicas de un sistema político agotado, llega la nueva transformación, como la solución de todos los problemas nacionales. Y todos los mexicanos, que impulsaron un cambio definitivo, esperan políticas públicas mejores. Una nueva estructura de gobierno, nuevos derechos y sobre todo, respeto a la ley. Que implica reformas estructurales impostergables.

El viejo sistema pasó varias etapas, los inicios con Lázaro Cárdenas, el apogeo del sistema con Alemán, Ruiz Cortines, hasta López Mateos y la decadencia con el movimiento del 68, el populismo de los 70s y el periodo neoliberal. La clase política que llega a la 4T, fue formada en esa época y sus políticas, parece que añoran el apogeo del sistema caracterizado por su vocación autoritaria y antidemocrática. Es una hipótesis que podrá ser comprobada o descartada con el paso del tiempo y los acontecimientos.

La frase de: primero los pobres, es un cliché poco afortunado. En un mundo moderno, sería mucho más simple y sensato, decir que primero los derechos, para ser incluyente. Los derechos son para todos. El hecho es que la mayoría de los electores, eligió un nuevo gobierno con otra ideología, porque las otras opciones habían tenido 14 sexenios de oportunidad, para cambiar las cosas y pues simplemente no se les dio la gana y fueron expulsados del gobierno. Hoy, descansan en paz como partidos y como ideología política.

Después de la euforia de la elección, llegó el momento de la verdad del nuevo régimen. Los primeros cambios estructurales importantes en materia social, fueron la derogación de la reforma educativa, la creación de un instituto de salud, INSABI, y la elevación a rango constitucional de pensiones y becas a personas vulnerables. Analizaremos solo este último.

La entrega de pensiones y becas a personas mayores o con discapacidad y estudiantes, fue acelerado por el congreso, que mantiene una costumbre arraigada que no se ha podido desterrar. La separación de poderes en México, no se ha consolidado y el congreso, está supeditado al ejecutivo en particular, como ahora, que tiene mayoría parlamentaria. No están para impedir o bloquear leyes, pero tampoco aprobarlas sin juicio crítico y análisis con evidencia de expertos, incluso globales.

Otorgar recursos a población vulnerable, puede considerarse un acto de justicia social. Eso podemos estar de acuerdo o debatirlo. Pero existe un problema de fondo en las pensiones formales, otorgadas a los trabajadores que cotizaron durante toda su vida laboral. Esas pensiones generadas por la seguridad social, no son equitativas, no están ordenadas, homologadas y regularizadas.

Solamente en el sector salud, la parte más sensible del servicio público, existen 80 mil trabajadores en régimen de contrato, sin prestaciones y sin seguridad social y este hecho, heredado de las administraciones pasadas, no se ha corregido. El estatus de los trabajadores, debería ser prioridad regularizarlo.

En su mayoría, el personal contratado, son profesionales y se encuentran en situación laboral al margen de la ley, propiciada por el propio gobierno. Estos son los pequeños grandes detalles que hacen que la transformación planteada, pierda credibilidad.

Queda claro que la población beneficiada con becas y pensiones, recibe una dosis importante de justicia social,  pero también, se percibe un fuerte componente clientelar, con fines electorales.

Los gobiernos previos, estaban coludidos con el poder económico y saqueaban el país cíclicamente y mantenían en el poder político a sus aliados. Miles de millones de pesos del erario concentrados en pocas manos, año con año, sexenio tras sexenio. Se le llamaba condonación, fomento, subsidio o rescate. A los desposeídos, se otorgaban escasos recursos, sin criterio claro y solo en épocas electorales, donde participaban manipulados y por inercia.

Ahora, el esquema cambia. Millones de personas, reciben una renta mensual de entre 800 y 1,600 pesos. Una población de varios millones de familias. Y cambia el esquema, nada de fomento, subsidios o rescate a las empresas. Es evidente, los analistas clasifican la evolución, se pasa de un sistema neoliberal a un sistema populista, una redistribución de la riqueza, que no tiene como base el empleo y medición del impacto.

Se pretende un cambio profundo en la manera de distribuir la riqueza del país. Son recursos del erario y el congreso aprueba el presupuesto y se toman como tal para cumplir una ley propuesta por el ejecutivo y aprobada por el congreso. Con una visión ideológica, no se pondera la imperiosa necesidad de trasparentar el ejercicio de los recursos, la manera de medirlos y el seguimiento del impacto social para lograr que las personas en pobreza y pobreza extrema, puedan modificar su condición social en un periodo de transición que debería acelerarse y fortalecerse con políticas públicas complementarias e intersectoriales. Que deben tener como objetivo que aspiren al empleo para que generen riqueza. La evidencia de otros países existe y la globalización obliga a plantear objetivos con impacto y temporalidad. Sino, simplemente se convertirá en otro programa con tintes ideológicos y fines electorales. Acabar con la desigualdad, la pobreza extrema y mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, es un objetivo de consenso nacional inobjetable. El cuestionamiento es, como hacer más efectiva esta aspiración, en las condiciones actuales del país, sin llevar el país a la quiebra. Más de lo que ya está.

El gobierno debe pensar que hacer una distribución diferente de la riqueza nacional, lo obliga a rendir cuentas a los contribuyentes que generan esos recurso con sus impuestos, parece que esa obligación se soslaya, en aras de programas sociales clientelares y populistas. Se pasa de condonar impuestos a las empresas poderosas, obligarlos a pagar y transferirlos a las clases necesitadas.

¿Y los 19 millones de trabajadores formales, que pagan impuestos? La clase media, solo debe observar, sumisamente, sin queja alguna, para no ser tachado de conservadores y neoliberales.

Con esas políticas, los ciudadanos, harán su análisis, su balance y hablaran en las urnas 2021 y en 2024. Para no entrar en conflicto, que hablen las urnas. Está por verse.

Es evidente que surge un profundo cambio. Pero, solo en el ámbito político y manejo del erario. No en el ejercicio democrático del presupuesto, política pública y participación social. Por ahora se desconoce si este nuevo esquema es sostenible en las finanzas públicas y por cuanto tiempo. Y por antecedentes en otros países. Los subsidios sin empleo no tienen futuro. Alguien tiene que producir la riqueza.

Se observa una clara postura patriarcal, que impedirá en el corto plazo, que la enorme desigualdad se reduzca. La modificación de la condición social de los millones de personas que padecen este problema social y económico, no se resuelve con caridad, es con oferta de empleo y demanda de trabajo.

Los dos esquemas descritos, ya se han tenido en México y han fracasado, el neoliberalismo 1982-1988 y el populismo 1934-1981, no han resuelto los problemas sociales. También ha sido demostrado en diversos países, donde los sistemas han colapsado no una, sino múltiples ocasiones.

Se requiere una estructura sólida, que contemple instituciones incluyentes, democráticas y separación de poderes. Que permita el ejercicio de la riqueza nacional con equidad, justicia y disciplina gubernamental. Y todo el sistema, enmarcado en un estado de derecho robusto y pertinente socialmente.

La política pública debe enfocarse a la tutela de derechos de toda la sociedad en su conjunto y desprenderse de esa percepción clasista de súper millonarios, ricos, pobres y clase media, como excluyentes, se deben percibir como conjuntos sociales con diversa situación y necesidad en materia de política pública, que el estado debe atender con equidad, justicia y prioridad. Y desterrar para siempre las tentaciones clientelares y electorales.

La obsesión de todo gobierno debe ser generar bienestar social, pero con base en el desarrollo, la generación de riqueza y redistribución con justicia. El motor de todo, es la inversión y para ello, se deben incluir incentivos para estimularla, lo que genera empleo y creación de oportunidades.

El empleo formal, la garantía de la propiedad privada y el libre mercado son las palancas modernas de desarrollo. Un pueblo con una educación sólida, podrá desarrollarse por mérito propio si tiene acceso a empleo y satisfactores primarios y secundarios. Eso genera riqueza y prosperidad.

No es privilegiar a grupos sociales, ricos o pobres, es tutelar derechos de todas las personas en la medida de sus necesidades, con criterios y evidencias globales modernas. Eso hace más simple la tarea de un gobierno.

El libre mercado, libre competencia, estado de derecho y fuerza laboral, incentiva la inversión, genera empleos, riqueza y fortalece el desarrollo a largo plazo. La población que tiene acceso a una renta básica mensual por su vulnerabilidad, debe tener un proceso de evaluación de su ruta hacia un mejor desarrollo social. La verdadera trasformación tiene como prerrequisito el desarrollo humano. Por eso se puede modificar el cliché: primero los derechos para que los pobres puedan desarrollarse y modificar su condición social. Y el resto de la población mejore su condición de vida y genere prosperidad y riqueza. Esa, es la tarea.

El viejo régimen, fracasó porque tenía un problema de origen, carecía de instituciones sólidas, incluyentes y democráticas. Es la lección aprendida. La evidencia ahí está, falta que sea implementada como modelo nacional y se lleve el país, a un desarrollo pleno.

Añorar el apogeo del viejo sistema es una apuesta riesgosa. La justicia social es una demanda impostergable, pero debe tener como fundamento, el manejo óptimo y equitativo de la riqueza nacional. El gobierno administra, no es dueño del erario nacional. Y los ciudadanos tenemos el derecho de pedir cuentas o cobrar en las urnas. Asi es la democracia.