Cuando no hay competencia, hay incompetencia, por Francisco Javier Posadas

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puntos de vista

 

 

“La competencia impulsa la innovación.”

HARRISON FORD

 

“No hay nada más desalentador, que el trabajo inútil y sin esperanza.”

 

En el escenario social de nuestro país México y de nuestro estado San Luis Potosí, es evidente, persiste la duda y pregunta de por qué la clase política se mantiene como un monolito sin contrapesos, lleno de privilegios y cerrado a toda innovación y proceso democrático incluyente, que propicie el bien común.

Podemos hacer un análisis antropológico, sociológico  y psicológico del comportamiento humano en la clase política, pero eso sería un simple ejercicio de teoría, de escasa aplicación práctica y no abre el debate sobre las soluciones accesibles.

El narcisismo, egoísmo, conductas caprichosas y adolescencia perpetua, invade a muchos personajes inmersos en una carrera política y son endémicos en todo el mundo. Las personalidades involucradas en esos procesos, durante toda una vida, tienen particularidades que gestan movimientos sociales basados en carismas falsos, intereses ajenos al bien común y utilizan herramientas como la simulación y el engaño, para convencer a enormes grupos de población de legitimar su acceso al poder. Con el tiempo, irremediablemente la sociedad paga las consecuencias de elegir perfiles equivocados, en ocasiones por la falta de criterios para hacerlo, pero en otros, por no  tener opciones viables, se elige al menos malo.

La formación de ciudadanía es un principio fundamental. El desarrollo social no puede lograrse sin desarrollo humano. La consigna de quienes detentan el poder, no es lograr el bien común, la felicidad y prosperidad de los individuos y de la sociedad. Es lograr sus propios intereses personales y de grupo. Ese es el defecto de origen. Para lograrlo, hay una simple regla, no permitas la competencia ni interna ni externa y somete o destruye a todo aquel que pretenda cambiar reglas. Esto genera una consecuencia simple. Si no hay competencia hay incompetencia y prospera quien mejor se acomoda, no el de mayores y mejores capacidades.

Las personas pretenden trascender a través de la simulación, el engaño, la manipulación y el logro de satisfactores personales, con el mínimo esfuerzo, sin méritos necesarios logrados con esfuerzo, trabajo y competencia permanente. Es decir, se camina por atajos cada vez más complejos y falsos y se culmina una trayectoria personal en la ignominia de forma irremediable, escenario bien conocido en nuestro entorno social. Quienes en la historia reciente, han ascendido a los máximos cargos de poder en nuestro país, en los últimos cien años, con contadas excepciones, terminaron en el descredito social. Problema de origen, rehuir la competencia democrática, abierta, incluyente y publica. Han creado sistemas que impiden la competencia y participación  ciudadana basada en el mérito y domina un entorno falso, lleno de atajos e intereses creados, muchos ilegítimos.

El dinero, poder e influencia, se utilizan para escalar posiciones y el mérito poco importa, por una distorsión en los valores personales y colectivos fomentados a través del tiempo y de los grupos de interés.

No ha sido superada la etapa primaria de egocentrismo personal y quienes deberían ser ejemplo de madurez, inteligencia, mérito y capacidad para administrar los destinos de una sociedad, suplen la preparación sólida, con frivolidad, crean mafias, explotan al ciudadano, atacan los derechos y fomentan la incompetencia.

En las “democracias modernas sin consolidar”, la clase política, ataca y violenta los derechos de todos los ciudadanos y es implacable para exigir las obligaciones civiles de cada individuo, so pena de ser reprimidos o perseguidos por hordas de autoridades incompetentes y violentas. Es una contradicción de países en vías de desarrollo y deja a los ciudadanos indefensos ante los atracos y violencia de estado. Su definición de orden, autoridades libertinas, impunes y ciudadanos reprimidos y violentados en sus derechos elementales.

Queda un reducto, democracias simuladas, la alternancia en el poder cada 6 años. Mafias políticas que se destruyen entre sí y los ciudadanos continúan como espectadores. Es el escenario que se vive actualmente en México. En 20 años, tres grupos ideológicos, de origen posrevolucionario, han estado en el poder y los tres, se han dedicado a la destrucción mutua por cuestiones ideológicas y de intereses de grupos económicos y políticos. Pero de ninguna manera, hasta ahora, han propiciado un entorno incluyente, democrático, de rendición de cuentas, libre competencia y éxito a través del manejo adecuado de la riqueza nacional. Su visión es de personajes mal preparados, sin vocación democrática y que lograron el poder por permanencia y hartazgo en el contexto partidista. Y una vez en el poder, saquean el erario o privilegian grupos sociales afines a sus intereses sin contrapesos y sin ley que los detenga.

En el año 2021, habrá elecciones en 15 estados de la república, incluye a San Luis Potosí, que renovará todas sus autoridades, excepto senadores. Y en el país, se renovará el H. Congreso de la Unión, 500 diputados y sus respectivos suplentes. Una carga presupuestal y estructural absurda, que no genera valora agregado a las leyes nacionales emanadas de ese recinto legislativo y sirve solo para pagar cuotas políticas y mantener el statu quo de la política y los deseos del ejecutivo.

En nuestro estado San Luis Potosí, como en la mayoría, los congresos elaboran una ley electoral previa a  cada elección y lo hacen para acomodar la legislación a conveniencia de la clase política dominante o de los intereses de quienes detentan el poder en ese momento.

Las elecciones del año 2021 en San Luis Potosí, deberán desarrollarse con la Ley Electoral vigente antes del 30 de junio de 2020. En junio de 2020, se publicó una nueva ley promulgada por el congreso local. Los cambios fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Un pequeño detalle, los legisladores olvidaron realizar consulta previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas, como marca la ley. Un congreso que omite estas disposiciones, manifiesta escaso interés para respetar la ley, grupos sociales y propiciar un entorno incluyente y democrático.

La ley vigente, está estructurada para favorecer a los partidos políticos, cuyos integrantes emiten las leyes sin participación ciudadana o grupos colegiados con capacidad técnica y visión democrática e incluyente, además de obviar consultas y la SCJN detectó y actuó en consecuencia.

Por primera vez en la historia del estado, habrá candidatura independiente para gobierno del estado. Estas candidaturas, son vistas como una amenaza por los partidos. Y las leyes que genera el Congreso, obliga a los órganos electorales a instrumentar  escenarios casi imposibles de superar para acceder a una candidatura independiente, legítima y ajena a intereses de partido.

Los requisitos se centran en evitar que ciudadanos independientes participen. No se concentra el acceso en méritos, capacidades, historia personal, experiencia administrativa. No se requiere grado académico o formación profesional. Solo se solicitan requisitos que tengan como fin, fiscalizar la procedencia de los recursos para la precampaña, verificar de manera muy superficial el arraigo y comprobar la ausencia de delitos del fuero común, inhabilitaciones o procesos judiciales o administrativos de los postulantes. Podrá argumentarse que se quiere evitar la discriminación, pero es evidente que para un cargo de alta responsabilidad, se requiere preparación y una biografía sólida, basada en el mérito, nada fuera de contexto, se manejan los destinos de toda la sociedad. Deben conjuntarse criterios múltiples que deberían estar contemplados en la ley. Definir la competencia con criterios claros, pero de alto nivel.

Las reglas, parece se complican a propósito, solo se otorgan 12 días hábiles para cumplir requisitos de la convocatoria. Un ejemplo, se exige como requisito indispensable, integrar una asociación civil (A.C.), ante notario. Este requiere una solicitud que debe ser enviada a la secretaria de economía, para ser validada y otorgada oficialmente, lo que implica, en ocasiones plazos mayores a la apertura de la convocatoria, porque la solicitud requiere validación técnica en el contexto nacional para evitar duplicidades. Una vez integrada la A.C. debe darse de alta en el SAT, el sistema solo acepta este trámite, a través de una cita y de manera presencial. Las citas tienen un diferimiento de una a dos semanas y se requiere una para lograr el alta y otra para la entrega de la firma electrónica (FIEL).

Procesos mal instrumentados. Al desconocer el órgano electoral, los plazos necesarios para cumplir  requerimientos solicitados en la convocatoria, debieron ampliar el plazo de la convocatoria para candidatos independientes. El proceso para reunirlos, es una misión imposible, así lo describen en la prensa.

Una vez lograda la inscripción como independiente, la ley marca, por ejemplo, para el cargo de gobernador, se requiere el apoyo del 2% del padrón electoral vigente en el estado, un aproximado de 2 millones de electores. Se requieren 40 mil firmas para lograr el registro. Pero aun si se logra esta cifra, si hay más de un candidato inscrito, solo podrá participar quien obtenga el mayor número de firmas, por arriba de esas 40 mil, es decir, si todos obtienen el 2%, serán descartados y solo podrá participar quien obtenga el mayor número. La ley solo acepta un participante como independiente para contender en elección constitucional. Es decir, la ley elimina a los contendientes, aunque obtengan los votos necesarios establecidos por la propia ley. El mensaje es, puedes participar, pero esto no depende del apoyo ciudadano, sino de las reglas plasmadas en la ley por los partidos políticos, que pretenden inhibir al máximo la participación ciudadana independiente. En una elección constitucional, los ciudadanos solo tienen como opción, partidos ya conocidos y solo un candidato ciudadano. Los partidos están agotados socialmente y los electores, tendrán que votar por uno u otro  por no tener más opciones.

Los candidatos independientes, no tienen acceso a financiamiento público para lograr el apoyo del 2% del padrón y eso es aceptable. Deberán obtenerlo a través de apoyo ciudadano y los topes y fuente, serán fiscalizados al concluir la precampaña. Los partidos formados, tienen acceso a recursos otorgados por la ley electoral. Situación a todas luces inequitativa. Pero así es la ley.

En conclusión, la ley se elabora con un principio, es más fácil formar un partido político, que lograr una candidatura independiente. Y los candidatos independientes están acotados y son eliminados por la propia ley, aun logrando el apoyo ciudadanos marcado en los requisitos de participación. Este análisis tiene fines informativos y asumir con claridad, que la ley vigente se debe respetar, pero en su momento debe modificarse por atentar contra principios de participación ciudadana y facilita las candidaturas de partidos políticos y acota a ciudadanos sin partido.

Nadie sensato está en contra de los partidos políticos, pero hay un acuerdo unánime, todos los ciudadanos están en contra de sus abusos y malos desempeños. Eso debe cambiar en los nuevos escenarios políticos del país y los estados.

Los ciudadanos deben participar no solo en procesos electorales, deben participar en la emisión de nuevas leyes en todos los ámbitos, incluyendo las electorales y propiciar entornos democráticos, incluyentes, justos y factibles para instrumentarse.

Los partidos deben cambiar su postura y permitir la participación de ciudadanos independientes con méritos y capacidades probadas, con perfiles distintos a  la misma clase política. La imagen social de los partidos dominantes está agotada socialmente y los ciudadanos votan por hartazgo, la razón es obvia, carecen de opciones que respondan a necesidades y problemas sociales.

Los cargos públicos no pueden ser otorgados a personajes que han demostrado profunda ineptitud y falta de compromiso. Cuando no hay competencia hay incompetencia y la sociedad ha tomado nuevos cauces, los servidores públicos están obligados a rendir cuentas, y trabajar con trasparencia, como un acto simple de congruencia ante la confianza  de sus electores. En poco tiempo, será inevitable hacerlo para trascender y se deben adaptar a los nuevos escenarios, donde todo lo público, sea cada vez más público y lo privado, cada vez más privado. Eso nos convertirá en una sociedad civilizada, moderna y democrática. De no hacerlo, es claro, los ciudadanos, actuarán en consecuencia. Y no debemos olvidar, todos, somos siempre ciudadanos y los cargos, son efímeros.