Símbolos vs Justicia, Por Francisco Javier Posadas

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La historia de México, está llena de contrastes y eventos que lo han marcado. Además de eventos traumáticos como la conquista, virreinato, independencia, guerras internas, reforma, porfiriato, revolución y régimen del partido revolucionario; tiene otra faceta de símbolos que son innegables. Costumbres prehispánicas que prevalecen. Huellas de 300 años de esclavitud, la virgen de Guadalupe, la fe impuesta, los caudillos y la investidura presidencial; permanecen como mudos testigos de lo que es México, hoy en día.

México ha evolucionado como un mosaico de regiones. Una capital sin gobierno, monstruosa, sobrepoblada, anárquica, poderosa económicamente y que concentra población, gran parte de los recursos, riqueza, tecnología y patrimonios nacionales y un intenso contacto con el mundo que se globaliza vertiginosamente e impulsa cambios sociales y comportamientos humanos. Pero donde cada quien, se rasca con sus uñas. El gobierno es inexistente y solo aparece cuando necesita justificar sus omisiones, ante la presencia de crisis sociales.

Por otro lado, hay ciudades que por esfuerzo propio, prosperan económicamente, pero conservan profundos atavismos; muchos de ellos fundados en una religión arraigada que ha impedido crear sociedades modernas, con mejores condiciones de vida, capaces de  impulsar conceptos necesarios como los derechos humanos, prácticas igualitarias y políticas con enfoque de género. Se observa una sociedad progresista económicamente y regresiva socialmente, con los matices propios de cada región. Ciudades dominadas por estereotipos sociales anacrónicos y fuera del contexto de los derechos humanos esenciales. Con profunda nostalgia por los rasgos porfirianos.

En el otro extremo, regiones del país con núcleos de población marginados, dispersos, pobreza extrema, sin acceso a satisfactores primarios. En condiciones infrahumanas y sin ejercicio pleno de derechos elementales, como un simple certificado de nacimiento. Carentes de elementos vitales primarios: acceso a los alimentos, servicios de salud, educación, empleo y vivienda.

Un mosaico, matizado por las desigualdades. Signos evidentes: unos cuantos estados concentran la población indígena, la pobreza extrema e indicadores negativos de impacto social, como el rezago educativo, el bajo ingreso per cápita y menor esperanza de vida. Además de indicadores naturalizados cada vez más, como la mortalidad infantil, la mortalidad materna, el empleo infantil, la violencia dentro de las familias, discriminación de la mujer, malnutrición y falta de oportunidades y espacios para expresar talentos y capacidades humanas.

A esto se debe agregar la violencia de estado, la más grave de todas. Un país donde el estado ejecuta personas, dilapida el erario público, saquea las instituciones y cobija la corrupción como elemento esencial de comportamiento en la clase política, que ha permeado a toda la sociedad como la humedad. En la historia reciente se han perpetrado crímenes políticos, feminicidios, desaparición de estudiantes; aparecen fosas clandestinas en todo el territorio nacional. El estado, el gobierno federal, omiso y derrochador responde con impunidad y corrupción sistémica y deja a los ciudadanos a merced de la delincuencia organizada, con un gobierno desorganizado que ha creado un aparato jurídico a modo, para beneficiar a la propia clase política y los grupos de interés económico. La justicia y desarrollo social se postergan indefinidamente.

Escenarios.

En 1997, por primera vez, se logró tener un congreso de la unión, dominado por una oposición real y contrapeso al habitual poder político supraconstitucional del presidente de la república. Zedillo, ejecutivo en turno, personaje sin la preparación que requiere un presidente y a quien se heredó el desastre económico gestado por Salinas, le explotó la economía en 22 días y consolidó el saqueo con la creación  del FOBAPROA, que paga todo el país 20 años después y comprometió la deuda petrolera por más de 30 años.

Hartazgo social y una presidencia surgida de un asesinato político que nunca se aclaró, fue el eslabón débil de la cadena, que permitió de manera definitiva una contienda democrática y triunfo de la oposición en el año 2000. Ese evento que albergaba esperanza, se convirtió en una docena trágica. Dos gobiernos panistas incapaces para lograr el cambio de fondo en el país. Además de manifestar ineptitud rampante, dilapidaron excedentes del petróleo, profundizaron los procesos antidemocráticos, corrupción, impunidad y declararon una guerra absurda al crimen organizado que convirtió el territorio en un cementerio clandestino y ciudades convertidas en paraísos para la delincuencia común.

El país, acorralado ante la ineficiencia, retorna al pasado, en el año 2012, se elige nuevamente un presidente del pri. El resultado fue un desastre nacional. Corrupción magnificada, institucionalizada y perfeccionada por funcionarios públicos, que actuaron como una pandilla.

La gota derramó el vaso, la casa blanca, Ayotzinapa, estafa maestra, gobernadores delincuentes y corrupción burda y cínica orilló a la sociedad a votar masivamente por la opción que esperó 18 años. A quien los empresarios definieron como “Un peligro para México”.

Hoy, 300 años después, la sociedad, desesperada por cambios profundos, exige y espera resultados inmediatos de un nuevo gobierno electo democráticamente por primera vez, después de la elección de Francisco I. Madero, hace 107 años. Los cambios inmediatos  son complejos si no es que imposible. Cambiar la estructura cultural, construida durante 300 años, puede acelerarse, pero llevará tiempo.

El presidente de la república elegido el 1 de julio de 2018. No solo ha planteado, escrito y analizado estos procesos durante más de 30 años, sino que inicia el primer año de gobierno, cambiando lo que puede cambiar y le permite la ley. Con los consabidos desfiguros propios de un hombre del pueblo, creado por el propio sistema y que pronto sabrá y sabremos si está a la altura de los retos del país.

Dejar los pinos como residencia, cancelar pensiones a expresidentes, vender el avión y desaparecer el estado mayor presidencial, acciones que destruyen símbolos representantes del pasado, de un pasado oscuro. Dañaron el país, manifestaciones del narcisismo y egocentrismo humano de una clase política y económica que ha dominado el país, durante 100 años. Encabezada por los presidentes que actuaban como dueños y monarcas, sin contrapesos y sin necesidad de rendir cuentas a nadie.

Los símbolos, no significan justicia, son solo eso, símbolos. El estado de derecho, es el mayor reto de un gobierno que pretende cambiar un país. Y los cambios profundos, de fondo, deben ser a través de una legislación sólida, democrática, incluyente e igualitaria que obligue a punta de golpes jurídicos a los tres poderes, a ser independientes, cumplir la ley y proteger a los ciudadanos.

La seguridad pública y  el poder judicial, arrastran una corrupción sistémica, profunda,  lastres que impiden la evolución del país,  es un prerrequisito para lograr justicia plena y justicia social.

La democracia y justicia social, van de la mano. Y significan separación de poderes, medios de comunicación independientes y profesionales, elecciones democráticas, transparencia y rendición de cuentas. Y por supuesto, soportado por un sistema de justicia que respete y haga respetar la ley.

Escenario lejano, exista la intención, pero se carece de un plan inteligente y congruente, moderno. Se observa pasión, arrebatos generados por la indignación acumulada durante décadas  cuando se conocen eventos históricos que lastimaron el país.

Un cambio social requiere, necesariamente, un cambio político, jurídico, educativo y cultural. Ya se logró el primero con todas sus limitaciones y contradicciones. Está demostrado que las otras, llevan tiempo, tal vez, varias generaciones. Pero, es importante sentar bases y los cambios se pueden acelerar, creando un estado de derecho enfocado a formar ciudadanía.

El sistema socio político dominante en el último siglo en México, ha inhibido la competencia leal y justa, basada en la ley, mérito, esfuerzo, capacidad y talento. Antes bien, fomentó el logro de satisfactores personales basados en la tranza, la corrupción y los abusos. Cuando no hay competencia, surge la incompetencia. Por ello, quienes han logrado trascender en el ámbito global, ha sido por esfuerzo y talento propio, más que por una estructura social que los arrope, apoye y permita desarrollar al máximo sus capacidades. Se pierden y diluyen talentos en fangos de corrupción, negligencia e ineptitud de estructuras que deberían facilitar la formación de ciudadanos competitivos y honestos.

En ese ambiente nació, creció y se desarrolló el presidente actual. Por ello, no extraña su actitud, como a muchos mexicanos lo quema la indignación. Su desesperación por cambiar el escenario nacional genera un trabajo intenso, pasión, esfuerzo personal, compromiso y sensibilidad social. Pero también limitaciones y conductas propias de una persona formada en nuestros sistemas educativos públicos, sin privilegios y sin inglés.

El presidente tiene el máximo cargo público, pero necesita ayuda de todos. El país necesitaba un líder diferente, capaz de guiar esfuerzos colectivos. Se debe tener paciencia y aquí aplica muy bien el dicho: “el que no ayude, que no estorbe”. La sociedad tomó por decisión propia, un nuevo camino, asumirá las consecuencias. El presidente deberá cumplir con la encomienda de guiar los destinos durante seis años. Su  desempeño, como el de todos los anteriores, será evaluado por los ciudadanos y por el implacable juicio de la historia. México necesita cambiar su estructura social, la  desigualdad y la pobreza prevaleciente es inaceptable. Es imperativo formar ciudadanía, en el marco de un estado de derecho y de derechos humanos.