Mortalidad Materna… Deuda Pendiente, por Francisco Javier Posadas

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El siglo XXI, es el siglo del conocimiento, la tecnología, pero en especial, el ejercicio pleno de los Derechos Humanos. En México, el derecho a la protección de la salud, está plasmado en la Constitución Política e impone al Estado y sus instituciones, la obligación de tutelar este derecho esencial. Con independencia de la condición social, laboral o económica que guarden las personas.

El Estado Mexicano, tiene la obligación de garantizar este derecho en favor de cada persona y conlleva una serie de prestaciones que satisfacen una necesidad individual, pero que requieren un  ejercicio colectivo, mantener personas sanas, productivas y con capacidad de generar bienestar y un mejor capital social. La salud, se considera un pre requisito para lograr impacto y desarrollo social.

Los países se evalúan en la vida moderna por indicadores que son aceptados en el mundo global y ponderan de manera preponderante el desarrollo humano. La mortalidad materna es un indicador de justicia social y permite evaluar la calidad de la atención de mujeres embarazadas en un sistema de salud, en una sociedad.

Un incremento en la muerte materna, refleja condiciones deficientes de atención a la salud, ya que la mayoría de las muertes maternas pueden evitarse con los recursos médicos disponibles y el arsenal científico para prevenir, detectar, atender y tratar posibles riesgos y complicaciones de un embarazo. Las políticas públicas para atenderlas, se implementan a través de procesos transversales que contemplan la inversión con enfoque de género.

La mortalidad materna también genera un problema social, por el impacto que tiene en la familia. La ausencia de lactancia, cuidados primarios del recién nacido, la orfandad y la violencia;  mortalidad infantil y deserción escolar se consideran efectos directos o indirectos, derivados de la ausencia de la madre a partir del nacimiento y en el propio seno familiar cuando hay más hijos.

La evidencia, muestra que México está lejos de resolver problemas fundamentales en el ámbito social. La discriminación, exclusión, pobreza y marginación, siguen siendo determinantes sociales no resueltos, que se suman a un bajo nivel educativo y las dificultades para el acceso a servicios en muchas zonas del país.

Los problemas sociales, al igual que la mortalidad materna son multifactoriales, pero tienen un denominador común cuando no se solucionan. La información no se utiliza de manera apropiada para implementar políticas públicas y resolverlos. El problema se analiza, pero no se soluciona de fondo. La solución tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de la sociedad y de la mujer en especial.

La pobreza y desigualdad rebasan el ámbito de la salud, pero es claro que en mortalidad materna el sistema de salud no tiene mecanismos para tutelar los derechos de la mujer embarazada en todo el país de manera homogénea.

La mayoría de muertes maternas se presentan en hospitales públicos y tiene que ver con una detección tardía de complicaciones en gran medida prevenibles. A esto se agregan las enfermedades secundarias como la obesidad, diabetes gestacional e hipertensión arterial y se magnifica por el número de embarazos no planeados. En México se considera que el 55% de los embarazos no están planeados. Hay necesidades no satisfechas en materia de planificación familiar por deficiente educación integral y servicios de escasa calidad.

El Estado, obligado a intervenir para proteger los derechos en un país de gran extensión y población, requiere una gran organización, articulación y gestión local. Cuando se profundiza en el estudio del indicador;  revela un estado débil, sin capacidad para organizar un sistema eficiente que cuente con los medios para poner en operación políticas públicas universales, gratuitas y de calidad que eviten las muertes maternas, diluidas en más de 2.2 millones de nacimientos al año. Y los principios plasmados en la constitución, se convierten en letra muerta. El dato objetivo más evidente son las inequidades del país,   el riesgo de morir para una mujer embarazada es 10 veces mayor en la región rural de Oaxaca, que en la zona urbana de Nuevo León.

En el ámbito internacional, se ha dado un estrecho seguimiento al indicador por las repercusiones sociales y lo que refleja como medida de bienestar social. Su disminución refleja no solo el compromiso social de los gobiernos, sino da cuenta del impacto que un sistema social tiene sobre sus habitantes. Pasa de ser un problema solo biológico a verse como un problema social, de equidad de género. Implica medir el grado de discriminación hacia la mujer y sus necesidades y el compromiso del sistema de salud para atender procesos mórbidos de personas en estado de vulnerabilidad.

En esencia, se puede decir que la mortalidad materna mide y permite palpar la salud de una sociedad en su conjunto. Porque si no se atiende adecuadamente el embarazo, donde se transfiera a la siguiente generación toda la carga biológica, genética, social y cultural de una sociedad, es difícil aceptar que haya otras prioridades. La naturaleza humana está lejos de cumplir el principio de lograr el bien común como premisa básica. La fragmentación actual del sistema de salud afecta directamente a los ciudadanos.

El compromiso asumido por todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990, fue lograr que en el 2015 la razón de mortalidad materna se redujera 75% en relación con lo reportado en 1990, es decir, tenían un horizonte de 25 años para alcanzar la meta. En el mundo no se logró y México tampoco alcanzó el objetivo plasmado en los objetivos del milenio para el año 2015.

En México, el bajo nivel educativo que incluye ausencia de educación sexual integral, procesos culturales y religiosos, además de necesidades de métodos anticonceptivos no satisfechos, han propiciado que las tasas de embarazo en adolescente se mantengan elevadas. En el año 2015, México puso en marcha una estrategia nacional para reducir el embarazo en adolescentes. Las metas de la Estrategia Nacional para el año 2030, son; reducir en un 50% la Tasa de Fecundidad de las Adolescentes de 15 a 19 años y erradicar los embarazos de niñas menores de 15 años. Con la estrategia se concretaron importantes cambios institucionales y sociales, la prevención del embarazo en adolescentes, se aceptó por parte de la sociedad como un problema de interés público, pero el impacto esperado está aún en proceso.

Los avances son innegables y deben tomarse en cuenta como base para analizar logros y retos. La disminución de la mortalidad materna ha sido consistente pero insuficiente desde hace 25 años, con algunos “brotes”, en particular en 2009. La epidemia de influenza AH1N1, generó un incremento en las defunciones. Este incremento presentó una asociación espacio temporal con la epidemia de Influenza AH1N1 en México. En 2009 se reportaron 199 muertes por estas complicaciones.

En diciembre del año 2018, México ha entrado en un proceso de cambio político y social profundo, que pretende privilegiar los derechos sociales postergados durante décadas y que incluye la reestructura del sistema de salud. La muerte materna es un indicador muy sensible de justicia social y debe ser un compromiso, convertir este indicador en una verdadera prioridad nacional.

La muerte materna, tiene que ver más con un proceso de discriminación contra la mujer y sus derechos, falta de atención de calidad y acceso a los servicios que con disponibilidad de recursos. Los determinantes sociales son el centro del problema, en un sistema social que no ha logrado consolidar necesidades sociales fundamentales. Privilegiar factores macroeconómicos y profundizar la desigualdad, sin mejorar las condiciones sociales de la población, ha sido un despropósito en un país de 127 millones de habitantes y 2.2 millones de nacimientos al año. Lograr la primera generación que tenga acceso a servicios obstétricos y perinatales de calidad, es un pre requisito para aspirar a un futuro diferente y consolidar un capital social que pueda competir en mejores condiciones en el mundo globalizado y moderno.

Tutelar los derechos de la mujer y lograr que el número de nacimientos sea congruente con la posibilidad de ofrecer un mejor destino a nuestros recién nacidos, debe ser un compromiso nacional de máxima prioridad. Es momento de hacerlo.