El avión presidencial del Gobierno de México, por Francisco Javier Posadas

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Nos tenemos que rifar…

“La mentira más común, es aquella con la que un hombre se engaña a sí mismo. Engañar a los demás es un defecto relativamente vano”.

Friedrich Nietzsche

 

La responsabilidad de escribir en medios de comunicación masiva, debe ser un compromiso personal con la razón y verdad. Quien escribe, puede equivocarse pero no mentir. Es recomendable también, vencer la tentación de entrar en el terreno de la especulación y cuando se hace, se debe especificar, asumir la responsabilidad y tener elementos de juicio que lo justifiquen.

 

Se escribe para generar opinión, invitar a la reflexión y propiciar debate en el terreno de las ideas. Se requiere desprenderse de halos ideológicos y entrar al terreno de la evidencia objetiva y demostrable.

 

Por todo esto, es obligado aclarar, que los datos que se muestran a continuación tienen una fuente oficial o periodística de investigación y los análisis realizados tienen una connotación objetiva, cuyo único fin, es otorgar información para que cada persona realice su propio juicio crítico.

 

En otro escenario, quienes detentan el poder, deben cuidar sus planteamientos, posturas, palabras y sobre todo, decisiones. Porque más tarde que temprano, se conoce la verdad y el juicio de la historia como siempre, es implacable.

 

El 11 de noviembre de 2011, el Secretario de Gobernación J. Francisco Blake Mora, falleció en un accidente, tras la caída de un helicóptero del Estado Mayor Presidencial. Además murieron otras siete personas.

 

Este accidente, obligó a realizar una evaluación de las condiciones de los medios de trasporte del gobierno. El estudio,  reveló que la aeronave tenía 28 años de servicio, con todas las consecuencias que esto genera. Además, se observó que el avión presidencial “Presidente Juárez”, era un avión fabricado en 1985 y prestaba servicio desde 1988. En gran medida obsoleto, no cumplía las normas ecológicas de emisión de sonido y el consumo de combustible era elevado.

 

La evaluación, recopiló argumentos para plantear a la Cámara de Diputados, la necesidad de asignar presupuesto para renovar la flota aérea del ejecutivo federal y su gabinete. Lo cual no es de extrañar, dado los privilegios con los que se ha manejado históricamente la élite política del país. Pero también hay que enfatizar, el abuso que se hace del erario, cuando se trata de necesidades de la élite y no del pueblo. Y es aquí donde inician las calamidades y contracturas corporales.

 

El gobierno en el año 2012, tramitó y autorizó la compra de una flota de aeronaves, que incluyeron un Boeing 787-8, con recursos contemplados en el presupuesto de egreso de la federación. La compra se cristalizó en noviembre del año 2012.

 

El procedimiento se realizó a través de una compra directa a la empresa Boeing,  financiada por el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS).

 

La justificación fue simple, garantizar la seguridad del presidente, funcionarios y acompañantes durante las giras nacionales e internacionales. Una necesidad aceptable.  Un gobierno democrático, responsable, inmerso en un estado de derecho, debió hacer un análisis simple de una flota acorde con las necesidades y características de nuestro país. Pero no, observado retrospectivamente, es evidente que se cayó en el abuso y despilfarro, a costa del erario y sin contrapesos en el poder.

 

BANOBRAS adquirió el avión a la empresa Boeing directamente, en 114.6 millones de dólares. Al precio actual del dólar 19.76 pesos. Un monto global de 2,595.11 millones de pesos. En aquel  momento el tipo de cambio estaba en 13.50 pesos por dólar. Lo bautizaron como avión TP-01 “José María Morelos y Pavón”, el siervo de la nación, que en su manifiesto plasmaría en los sentimientos de la nación, la siguiente consigna.

 

… Socialmente se pretende una mayor igualdad, reduciendo el tiempo de los jornales y se debe procurar mejores costumbres para las clases marginadas. Se exhorta al Congreso a trazar leyes para moderar la opulencia y la pobreza y lograr así una mayor igualdad social…

Unos 200 años después y su manifiesto es ignorado sistemáticamente…

De acuerdo a los informes oficiales, en ese momento se tuvo un ahorro del 42%, ya que era uno de los primeros modelos de este tipo, el costo comercial era de aproximadamente 200 millones de dólares.

 

El gobierno federal tuvo a bien realizar “pequeñas” modificaciones para adaptarlo a las necesidades del ejecutivo en turno. Las modificaciones de estructura, espacios, servicios, ingeniería y por supuesto sistemas, incrementó el costo total neto del avión a 218.7 millones de dólares. A precio actual del dólar: un monto de 4,321.51 millones de pesos.

 

En Noviembre de 2012, BANOBRAS, firmó un contrato de arrendamiento financiero con el gobierno federal específicamente con la Secretaria de la Defensa Nacional, (SEDENA) por 15 años, que fenece en 2027 y hasta entonces la aeronave pasará a formar parte de los activos de la SEDENA. La nave actualmente pertenece a BANOBRAS. La empresa Boeing vendió y no tiene injerencia en su destino.

 

La razón del arrendamiento, se esgrimió en su momento: estrategia del ejecutivo  para no pagar el avión en una sola emisión y planificar el presupuesto de manera multianual y no reducir partidas en otros rubros. Claro, esto demuestra la “sensibilidad del gobierno” con las necesidades nacionales.

 

Cada año se paga una parte del costo de manera progresiva. En el año 2019, aproximadamente 1,833 millones de pesos de arrendamiento. Dato publicado por BANOBRAS a través de su Director General. El costo total de los 15 años sería de 6,983 millones. Sin considerar los gastos de mantenimiento, combustibles y resguardo.

 

Además de las “pequeñas” modificaciones del propio avión. El ejecutivo tuvo a bien solicitar la modificación del hangar del avión presidencial, Para su debido resguardo, con un costo aproximado de  mil millones de pesos. La lógica es: si tienes un Ferrari, no lo dejas en la calle.

 

La flamante aeronave arribó a México, en febrero de 2016, ya equipada y con todas sus modificaciones.

 

La aeronave tiene un alcance de vuelo autónomo de 13,900 km. Con tecnología que permite un ahorro de combustible del 20%. Y las modificaciones realizadas para comodidad del presidente, permiten trasportar solamente 80 pasajeros. Su velocidad máxima es de 912 km por hora. Su longitud es de 57 m. y sus alas tienen una envergadura de 60 m. la  aeronave estaba programada para dar servicio durante cinco sexenios.

 

El avión presidencial previo, “Presidente Juárez”, se dejó como avión de respaldo, cuando el TP-01 estuviera en mantenimiento.

 

El presidente López Obrador, desde la oposición como candidato, en campaña, planteó la famosa frase cargada de simbolismos: “El modelo de avión presidencial, no lo tiene ni Obama”. En referencia al  presidente del país más poderoso del mundo, que  no tenía una aeronave de tales características. En un país, cargado de resentimientos, indignación y frustraciones por décadas, si no es que siglos, de abusos de poder, generó una reacción inmediata en la conciencia colectiva. Un activo que debería ser eliminado, ya que representa un símbolo esencial del viejo régimen corrupto.

 

Es evidente que el mensaje era lógico y había que deshacerse del oneroso avión presidencial. Prueba objetiva del cambio que esperaba el país. El problema es que el avión no pertenece a los activos del ejecutivo. Sus propios escenarios jurídicos, administrativos y financieros, crearon un entorno inviable para enajenar un activo nacional. No se puede vender un activo que está rentando. Políticamente redituó mucho, pero jurídica y financieramente no era viable, hasta ahora.

 

El ejecutivo no puede desviar recursos del erario para pagar una deuda que está planificada pagarse en 15 años, eso generaría un daño al erario de dimensiones considerables, además de que debe ser autorizado por el congreso (nada complicado), pero además, quien lo compre, tendría que tener claro que con su pago primero se tendría que solventar el adeudo a BANOBRAS. Además de considerar las modificaciones estructurales de la  aeronave que en la condición actual, usarse para fines comerciales es poco menos que imposible. Adaptado para 80 pasajeros, un avión comercial de estas dimensiones, debe trasportar en promedio 240 pasajeros. Los compradores potenciales, multimillonarios, por lógica existencial, compran uno nuevo y lo personalizan, parecería absurdo, por imagen, adquirir la aeronave de un gobierno matizado por la corrupción.

 

La falta de propuestas para la compra, prolongó su estancia ociosa en los Estados Unidos, a donde fue enviado para ofertarlo a potenciales compradores, además de darle mantenimiento y estar a disposición para evaluarlo.

 

Mientras tanto, se plantearon escenarios posibles para lograr deshacerse de la aeronave y de una flota de aviones costosos que maneja el gobierno federal.

 

Aparece la posibilidad de rifarlo, una idea millonaria del ejecutivo. Pero ¿cómo llevar a cabo éste procedimiento? ya que solo la lotería nacional puede realizar el proceso con fines de asistencia pública, la lotería no contempla en su legislación, entregar premios en especie y de ninguna manera contempla en sus reglamentos, sortear un avión presidencial. Es una cuestión que debe resolverse. Es la oportunidad de modificar la ley y la lotería se integra a pronósticos deportivos.

 

Se publicó en el Diario oficial: el 14 de enero de 2020, el decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada el 14 de enero de 1985.

 

«EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

Se abroga la ley orgánica de la lotería nacional para la asistencia pública, publicada en el diario oficial de la federación el 14 de enero de 1985.

 

Artículo Único.- Se abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985. Y en uno de sus artículos, a la letra dice:

 

…Noveno. El Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para publicar en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones pertinentes al Decreto por el que se crea un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, a efecto de otorgar a dicho organismo las atribuciones que le permitan desempeñar las actividades que hasta la entrada en vigor del presente Decreto desempeñaba la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

 

Aun no se publica el reglamento, se desconoce si contemplará premios en especie y todo tipo de bienes que serán retornados  con el lema: “regresar al pueblo lo robado”.  ¡QUÉ NERVIOS!

 

Quienes conocen la administración pública tienen claro que para llevar a cabo procedimientos que impliquen manejo de recursos públicos, se debe respetar de manera escrupulosa la ley. Y es sabido, que la ley por desgracia, está plasmada de tal manera que se dificulta al máximo la posibilidad de ejercer los recursos con facilidad, para inhibir la corrupción, de acuerdo a postulados jurídicos absurdos.

 

Dificultar el ejercicio, pero con mínima o nula trasparencia y rendición de cuentas. Una simulación jurídica, en un escenario administrativo trabajado con ahínco y fina delicadeza por un sistema corrupto con casi 90 años en el poder, para beneficio de unos cuantos y explotación de las mayorías.

 

El régimen que asume el poder el 1 de diciembre del año 2018, pregona respetar la ley a ultranza, sabe que no puede rifar un avión de miles de millones de pesos, porque la ley no lo permite en las condiciones actuales. Así está plasmado en la legislación y la ley es dura, pero es la ley. La modificación reciente no contempla entregar premios en especie. Por esta razón se sortearán premios en moneda nacional, que representan el costo del avión.

 

Ahora la postura del nuevo régimen es: si se crearon leyes para saquear el erario, se pueden hacer leyes a modo para regresar al pueblo lo robado. Una lógica justiciera que abona más a venganzas políticas e ideológicas que a la construcción de un estado de derecho. Los recursos pertenecen a los ciudadanos que pagan impuestos y más que vender un avión presidencial que ya se analizó, fue un abuso de quienes participaron en su compra, debería trabajarse en resolver los graves problemas estructurales que padece el país.

 

Impulsar crecimiento económico, lograr eficiencia y universalización del sistema de salud, calidad de la educación, integración de un sistema de justicia eficaz y profesional, separación de poderes y por supuesto el impulso de organismos autónomos con tintes democráticos de justicia social. Ahí debería invertirse todo el esfuerzo para cambiar leyes que están pervertidas y tatuadas como dogmas de un régimen postrevolucionario que construyó instituciones que fomentan la corrupción, atacan los derechos ciudadanos e impiden crecer por el saqueo sistemático que las propias leyes y estructuras permiten.

 

En síntesis, el avión presidencial no puede enajenarse a través de una rifa porque no pertenece al ejecutivo federal ni a SEDENA. La factura pertenece a BANOBRAS y está hipotecada por los próximos 7 años. Rifar un bien que pertenece a otra instancia, puede verse como un acto de justicia social, pero  en el ámbito jurídico es en el menor de los casos una irregularidad administrativa. Sortear un bien que no será entregado, es un engaño disfrazado, todo sea por fomentar simbolismos en una sociedad con necesidad imperiosa de justicia.

 

El gobierno actual ganó las elecciones, por hartazgo social de un régimen corrupto. Las personas que pagan impuestos y generan riqueza, ajenas a ideologías, esperan que el nuevo régimen  establezca un estado de derecho que permita consolidar instituciones robustas e impedir bandazos ideológicos. Dejar atrás esa hermosa costumbre de elaborar leyes a modo para beneficio económico o político, que también incluye transformaciones con un enfoque personal de mesianismo, disfrazado de humildad y austeridad.

 

Cada persona es libre de adquirir su cachito de 500 pesos para el sorteo de un avión que no se utiliza, no será entregado y debe pagarse, porque el gobierno no puede desviar recursos del presupuesto para solventar la deuda en una sola emisión, está planificada su liquidación en 15 años. Cada ciudadano decidirá libremente si invierte sus recursos, pero sobre todo su credibilidad en este evento simbólico. Están en su derecho.

 

Para no violentar la ley, y el reglamento que aún no se emite, simplemente se cambia el formato, no se sorteará el avión propiamente. En su lugar, el sorteo repartirá 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, 2 mil millones en total. Emisión de 6 millones de números. Gran sorteo especial “equivalente al valor del avión presidencial”. El sorteo se programa el 15 de septiembre a las 16:00hrs. Inicio de venta de boletos, a partir del 9 de marzo. Día del paro nacional por la mujer. Se solicitó el cambio de fecha de inicio.

 

Un país no puede ser construido a expensas de simbolismos, sino de conocimiento y decisiones que beneficien al mayor número de personas y para ello, la verdadera transformación, solo se logrará con el consenso de ideas basadas en evidencia que fomenten derechos universales y el bien común.

 

La corrupción no la va a revertir el ejecutivo en  la soledad de palacio nacional. Se debe hacer a través de un bagaje jurídico que inhiba la corrupción, órganos fiscalizadores que investiguen y denuncien, soportados todos, por un sistema de justicia que sancione en apego al derecho.

 

Argumentar que si el ejecutivo no roba, se acabará la corrupción, es un despropósito desde el punto de vista de administración pública, lo que acabará con la  corrupción, además por supuesto, de una nueva educación y cultura colectiva, es la presencia de controles e instancias de fiscalización y sanción, y esto requiere nuevas formas de aplicar la ley basadas en la transparencia y rendición de cuentas. El ejecutivo debe saber que cuando concluya su gobierno, el que llegue podrá robar otra vez, al no encontrar mecanismos que le impidan hacerlo, robustecer esos mecanismos, debería ser el propósito. Hablamos de administración y política pública, no de  voluntades personales. La política pública requiere marcos jurídicos que se apliquen y cumplan. Y de no hacerlo, debe haber consecuencias.

 

Que no robe el presidente, es excelente, es una conducta personal loable, un paso enorme. Pero ¿cómo impedir que los que no tienen esa convicción personal, también entren en esa dinámica? Es a través de la ley y su aplicación con independencia de quien ostente el poder.

 

“Gobernar es el arte de crear problemas con cuya solución, se mantiene a la población en vilo”.

Ezra Pound (1885-1972) Crítico y poeta estadounidense.   

 

 

 

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